Santilli, D’Alessandro y Mahiques coincidieron que serán “inflexibles” en el cumplimiento del decreto de aislamiento

El vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, supervisaro

“Vamos a ser inflexibles para que se cumplan con las medidas que tenemos que cumplir”, enfatizó Santilli al dar cuenta que se someterán a la Justicia quienes violen la cuarentena.

Tras revisar los controles de ingreso a la Ciudad en el Puente Pueyrredón, Santilli explicó que se seguirán manteniendo carriles exclusivos para emergencias y para los trabajadores de servicios esenciales tal cual se habló con la ministra de Seguridad de Nación y el titular de la cartera de la Provincia de Buenos Aires.

D’Alessandro anunció que tras el incremento del tránsito detectado hoy se va a “trabajar en agilizar la circulación de quienes tienen trabajos esenciales, generando carriles exclusivos, ampliándolo de uno a dos o tres, o bien que se peguen permisos en el parabrisas para que sea más visible al control. Pero todo hay que coordinarlo con Nación pues formamos parte del comando”.

“Vamos a ser firmes donde tenemos que ser firmes. Ya llevamos a 931 personas a la Justicia y en este sentido se va a garantizar el cumplimiento del decreto del Presidente para el aislamiento preventivo obligatorio”, agregó D’Alessandro.

Por su parte, Mahiques aseguró que desde la Fiscalía General y “en línea con el Presidente de la Nación, vamos a ser inflexibles con quienes no cumplen el decreto”.

La pandemia va a pasar pero el proceso judicial va a seguir y todos los que violen la cuarentena van a tener un proceso judicial abierto”, avisó Mahíques.

El jefe de los fiscales porteños advirtió que la mayoría está involucrado en infracción al artículo 205, que tiene una pena de hasta dos años por incumplir normas que eviten una epidemia, aunque también está el caso del joven que subió al ferry desde Uruguay sabiendo que estaba infectado, quien se arriesga a una pena de hasta 15 años.